Esta decisión se dio para que el mandatario, sí así lo decide, acoja las recomendaciones de los legisladores.

Qué sí y qué no, fue el debate en el pleno de la Asamblea. Para la oposición en el presupuesto no se cumple con el incremento exigido por la ley para salud y educación, para el oficialismo sí. Cada uno hace un cálculo distinto.

«Implica que los incrementos constitucionales a salud y educación, en sus asignaciones, se haya calculado a una base distinta a la que indica la ley», afirmó Mireya Pazmiño, asambleísta por Pachakutik.

«Es mentira que no se haya producido ese incremento, es mentira que se ha reducido el presupuesto a la educación. hay evidentemente un incremento que se ajusta a las normas constitucionales», respondió Diego Ordóñez, legislador de CREO.

Desde otro sector se cuestiona lo que pasa en salud.

«Denuncias, principalmente, por la falta de medicamentos en los hospitales públicos», recuerda Marcos Molina, de Izquierda Democrática.

En el correísmo hablan de la reducción al presupuesto de las universidades.

«Hay un decrecimiento en el presupuesto del 9%, si consideramos el 2020», informó Pabel Muñoz, de UNES.

«Lamentablemente nosotros estamos heredando ese déficit de los gobiernos de ustedes que no supieron responder», argumentó Juan Fernando Flores, de CREO.

Y cómo se busca más recursos. Hablaron de cobrar a los deudores del SRI. De renegociar los contratos petroleros y hasta la preventa petrolera a China y Tailandia.

«Ahí está la plata, en lugar de ir a estar de rodillas ante el FMI, ahí está la plata, en esos contratos firmados. ¿En qué gobierno?, en el de ellos 22 contratos», aseguró Fernando Villavicencioasambleísta independiente.

Esto generó tensiones con el correísmo.

«¿Quiénes eran dirigentes de Petroecuador en aquel entonces? Que recibiían jugosas remuneraciones y ¿Qué hicieron por este país nada?, replicó Blasco Luna de UNES.

Al final, 94 votos a favor aprobaron observar la proforma, es decir, pedir cambios al ejecutivo y devolverla. Solo el oficialismo se abstuvo. El presidente deberá decidir en los próximos 10 días si acoge las recomendaciones o mantiene su propuesta original.

Fuente. ecuavisa.com