El proceso contra el Exalcalde se dio tras una presunta arbitrariedad en la implementación del sistema de fotomultas para el control de la velocidad de los vehículos en Loja.

El contrato que firmo Castillo para regular y sancionar a los que excedan los límites de velocidad autorizados por su administración le trajo una serie de reclamos de la ciudadanía de Loja y un alto costo político.

Miles de impugnaciones a sanciones impuestas por el cuestionado sistema contratado a la empresa Safety del alemán Tomás Falkowski, se dieron durante ese periodo.

El alcalde actual Jorge Bailón, en su campaña de 2019, ofreció terminar el contrato de fotomultas, El 6 de mayo del 2020 se dio por finalizado dicho contrato y notificó a Safety del particular.

Bailón mediante rueda de prensa aclaró el 27 de mayo de 2019 que podría ir a juicio por situaciones irregulares que se han dado en el contrato.

«En mi campaña ofrecí terminar con las fotomultas dentro de la legalidad, no de la ilegalidad, no voy a terminar un contrato para luego tener una demanda que no se pueda justificar», fue lo que pronunció el alcalde en esa fecha.

El contrato con la empresa Safety terminó en el año 2020, el burgomaestre dijo que tiene un documento con fecha 29 de agosto de 2013, faltando siete meses para terminar su periodo, en el que da respuesta a la propuesta de esta empresa, representada en aquel momento por Tomás Falkowski.

En este documento  le contestó que tenía que apegarse a la Ley y dentro de este marco iba a proceder.

Demanda

Ahora Safety hace un reclamo al municipio que derivó en un juicio por un monto de once millones de dólares.  El reclamo se centra en que por resolución de Cabildo dio de baja a una gran cantidad de multas, perjudicándolos a ellos.

«Es un problema que atañe a toda la ciudad y el municipio va a ser demandado, por eso quiero anticiparme para que conozcan y participen en la defensa de la institución», señaló Bailón.

Además dijo que el contrato de concesión no cumple con la legalidad para este tipo de contratos, sin embargo,  en el documento firmado se invocan una serie de leyes para justificar lo actuado.

Ha insistido a la Contraloría General del Estado en Loja para que emita acciones y determine las responsabilidades mediante examen especial actual, ya que el anterior informe no establece responsables ni la legalidad de la contratación.

Incluso en la anterior administración se impulsó una causa penal  en contra de Safety que fue abandonada y si se descuidan puede prescribir, preció el alcalde.

Hoy, el fallo de una jueza del cantón Quevedo de la provincia de Los Ríos, pone en jaque al municipio de Loja, la jueza ordenó el pago de 12 millones de dólares a favor de la empresa de fotomultas.

Este problema lo heredó Loja del exalcalde Castillo y ahora somos los lojanos los que debemos pagar a Safety la suma de 12 millones, la ciudadanía rechaza contundentemente esta situación y se deberán activar las medidas de repetición para que los responsables paguen y no se afecte los recursos del pueblo señalo, Oscar Pineda.