La empresa Safety le ganó el juicio al Municipio de Loja y este debe pagar 12 millones de dólares.

La empresa Safety demandó al Municipio de Loja por incumplimiento del contrato de fotomultasfirmado en el 2015 en la administración del exalcalde revocado José Castillo. 

La empresa presentó una Acción de Protección en el cantón Quevedo provincia de Los Ríos y la jueza de esa jurisdicción resolvió, hace unas semanas, que la municipalidad de Loja debe cancelar 12 millones de dólares por incumplimiento del contrato.

El Colegio de Abogados de Loja en reunión mantenida este jueves 25 de noviembre, rechazó esta sentencia y la consideran ilegal,

José Luis Silverio, Presidente del Colegio de Abogados de Loja

José Luis Silverio, Presidente del Colegio de Abogados, señala que la jueza inobservo por ejemplo la normativa legal vigente en el art. 7 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales la que determina que el juez competente para tramitar una acción de ese tipo es el del lugar en donde se emitió el acto o donde éste produce sus efectos; advirtiendo que si el juez es incompetente por territorio deberá inadmitir la demanda en la primera providencia.

Es fácil entender que la jueza de Quevedo Jenny Patricia Freire Arias en base a la ley, no podía haber llevado el tramite. Si el Municipio de Loja tiene su domicilio en Loja y Safety en Quito, se debía demandar en cualquiera de esas dos ciudades.

El abogado Constitucionalista Juan Gabriel Peralta manifiesta que la Safety argumentó que le vulneraron el derecho al trabajo y a desarrollar actividades económicas; en el primer caso, la Corte Constitucional ha determinado que el derecho al trabajo tiene un doble enfoque (social y patrimonial), correspondiendo el primero ser tratado en vía constitucional y el segundo en vía ordinaria.

El derecho a desarrollar actividades económicas está incluido entre los derechos de libertad de los ciudadanos, sin embargo en este caso la alegación la plantea una persona jurídica (Compañía).

Sostiene además que la jueza en su sentencia entra a analizar situaciones contractuales que obviamente se deben dilucidar ante la justicia ordinaria y no en una garantía constitucional, pero la cláusula que justamente dejó de leer es la del domicilio en donde se debían ventilar las controversias.

Sin duda la justicia constitucional sigue siendo vilipendiada por los órganos judiciales, dijo el abogado.

Ernesto Alvear, secretario general del Municipio de Loja, manifestó que en realidad hace algunos días una jueza del cantón Quevedo aceptó la Acción de Protección interpuesta por la empresa Safety a su favor, disponiéndole a la municipalidad el pago de 12 millones de dólares. “Es un valor escandaloso que afectaría gravemente a garantizar los servicios públicos, que, por competencia exclusiva de la constitución, tiene que asumir el Municipio”, dijo el funcionario.